Cobrar el IBI a todas las organizaciones

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es el principal tributo propio de los ayuntamientos: lo paga cualquier familia o empresa por el simple hecho de poseer una vivienda, un local o un terreno, y con él se financian los servicios más cercanos al ciudadano, desde el alumbrado y la limpieza hasta los parques o el mantenimiento de las calles. Es un impuesto que grava la titularidad del patrimonio inmobiliario, con independencia de que ese patrimonio genere o no ingresos.

Sin embargo, una parte importante del suelo y de los edificios del país está exenta de pagarlo. La Iglesia católica disfruta de una exención amplia sobre sus inmuebles al amparo de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979. A ello se suman las exenciones reconocidas a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro a través de la Ley 49/2002, así como las que afectan a otras organizaciones como partidos políticos o sindicatos. El resultado es que organizaciones que poseen patrimonio inmobiliario, en ocasiones de gran valor, no contribuyen al sostenimiento de los servicios municipales de los que también se benefician.

Esto genera una doble inequidad. Por un lado, traslada al resto de contribuyentes —familias, autónomos y empresas— una carga fiscal que las entidades exentas no asumen, pese a que sus inmuebles ocupan espacio, reciben servicios públicos y forman parte de la vida del municipio. Por otro, debilita la autonomía financiera de los ayuntamientos, que ven reducida su base imponible precisamente en los términos donde se concentra ese patrimonio.

La propuesta es sencilla: que el IBI se aplique por igual a todos los propietarios de inmuebles, sean particulares, empresas u organizaciones, sin exenciones por razón de la naturaleza del titular. Quien posee un bien inmueble y se beneficia de los servicios municipales que lo rodean debería contribuir a pagarlos en las mismas condiciones que cualquier vecino. La igualdad ante el impuesto es un principio elemental de justicia fiscal.

Esto no significa renunciar a apoyar la labor de interés general que muchas de estas entidades realizan. La cuestión es cómo se apoya. Una exención fiscal opaca, automática y permanente no permite saber cuánto cuesta realmente ni si el dinero cumple una finalidad social. Es preferible sustituirla por subvenciones explícitas, sujetas a control y rendición de cuentas, que se concedan por el valor del trabajo prestado y no por el mero hecho de ser una determinada organización. Así el apoyo público se vuelve transparente y evaluable.

El efecto esperado es un sistema fiscal más justo y unos ayuntamientos con más recursos propios para atender a sus vecinos. Ampliar la base de quienes pagan el IBI permite, además, aliviar la presión sobre los contribuyentes que hoy lo soportan en solitario. Se trata, en definitiva, de que todos los que poseen patrimonio inmobiliario participen en el coste de lo común, sin privilegios heredados ni excepciones difíciles de justificar.