Garantizar residencia gratuita a todos los estudiantes de FP y universidad

España ha hecho gratuita, o casi, la matrícula de buena parte de sus estudios superiores, pero ha dejado sin resolver el coste que de verdad decide quién estudia y dónde: el alojamiento. Una habitación en un piso compartido en Madrid cuesta ya de media 750 euros al mes, y una plaza en una residencia privada puede llegar a los 1.400. Frente a eso, la beca estatal ligada a la residencia es de 2.700 euros para todo el curso, solo para rentas bajas, y con suerte cubre tres o cuatro meses de habitación. El resultado es que la elección de estudios de un joven depende menos de su vocación o su talento que del código postal de sus padres y de si tienen o no un piso libre en la ciudad adecuada.

El problema no es solo el precio, es que no hay sitio. España cerró 2025 con 118.762 camas en residencias de estudiantes frente a una demanda de unos 650.000 estudiantes con necesidad objetiva de alojamiento, un déficit de más de 528.000 plazas: por cada cama disponible hay cinco estudiantes que la necesitan. La tasa de provisión española, del 8%, está entre las más bajas de Europa, solo por encima de Portugal e Italia y a años luz del 31% del Reino Unido. La oferta que crece lo hace sobre todo de la mano de fondos de inversión, que en el primer semestre de 2026 movieron 660 millones de euros en residencias, con precios a la altura de ese negocio. Esperar a que el mercado cubra ese hueco es condenar a otra generación a elegir carrera por lo que se puede pagar.

La consecuencia se ve en toda la vida adulta. Los jóvenes españoles se emancipan a los 30,2 años de media, casi cuatro años más tarde que la media de la Unión Europea, mientras que en Finlandia, Suecia o Dinamarca lo hacen en torno a los 21. No es casualidad: Finlandia trata el alojamiento estudiantil como parte del sistema educativo. Fundaciones de vivienda estudiantil sin ánimo de lucro y los propios centros ofrecen pisos a los estudiantes de universidad y de formación profesional, en los que pueden vivir hasta terminar sus estudios mientras progresen en ellos, y el Estado añade un complemento de vivienda a la prestación por estudios. Salir de casa a los veinte años para estudiar es allí lo normal, no un privilegio de quien puede permitírselo.

La propuesta es dar un paso más que el modelo nórdico y hacer el alojamiento estudiantil gratuito y universal: toda persona matriculada en un ciclo de formación profesional o en un grado universitario público tendrá derecho a una plaza gratuita en una residencia pública durante la duración oficial de sus estudios, sin requisito de renta y sin necesidad de estar desplazada. Hoy España tiene más de 1,2 millones de estudiantes de FP, un récord histórico, y más de 1,5 millones de universitarios presenciales; no todos pedirán la plaza, pero todos deben poder hacerlo. Igual que la educación obligatoria no se cobra según la renta de la familia, la independencia necesaria para formarse tampoco debería depender de ella. El derecho quedaría ligado, como en Finlandia, al progreso académico: quien abandona o no avanza, deja la plaza a otro.

Construir ese parque es caro, y nadie debe esconderlo. Pero es una inversión en capital humano que se financia de forma escalonada y que se amortiza durante décadas: suelo público cedido por ayuntamientos y universidades, construcción industrializada, un plan estatal a diez años con prioridad para las ciudades con mayor presión de alquiler, y la absorción progresiva de la actual cuantía de residencia de las becas, que dejaría de ser necesaria. A cambio, se retira a cientos de miles de estudiantes del mercado de alquiler de las grandes ciudades, lo que alivia la presión sobre los precios que sufren también las familias trabajadoras, y se amplía de verdad la igualdad de oportunidades que la gratuidad de la matrícula prometió y no ha terminado de cumplir.

Lo que se espera conseguir es sencillo de enunciar: que ningún joven renuncie a la formación que quiere porque no puede pagar dónde dormir, que la FP de calidad y la universidad dejen de estar reservadas a quien vive cerca o tiene recursos, y que España deje de ser uno de los países de Europa donde más tarde se sale de casa. Una residencia gratuita para cada estudiante no es un lujo: es la pieza que le falta a la educación pública para ser realmente pública.