Reformar la ley electoral para implantar listas abiertas

En España votamos a partidos, no a personas. El sistema actual, regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), se basa en listas cerradas y bloqueadas: cada formación presenta una lista de candidatos en un orden fijo, decidido por la dirección del partido, y el elector solo puede meter en el sobre la papeleta completa de una candidatura. No es posible alterar el orden, tachar a un candidato ni elegir a personas de listas distintas. Quien encabeza la lista tiene el escaño prácticamente asegurado; quien va al final, casi nunca llega.

Este modelo tiene una consecuencia profunda sobre la rendición de cuentas. El diputado no depende del voto directo de los ciudadanos para conservar su puesto, sino de mantener un buen lugar en la lista, y ese lugar lo decide el aparato del partido. El resultado es una disciplina de voto férrea y una representación que mira más hacia la cúpula que la designa que hacia los electores que, en teoría, debería representar. La distancia entre representantes y representados que tantas veces se denuncia tiene aquí una de sus raíces institucionales.

La propuesta es reformar la LOREG para implantar listas abiertas. El elector ya no se limita a meter en el sobre una papeleta cerrada: marca a los candidatos concretos que quiere que le representen, y son esos votos individuales los que deciden quién obtiene cada escaño. El orden lo fijan los ciudadanos en las urnas, no la dirección del partido sobre el papel. Así el votante recupera el poder de decidir no solo qué partido le representa, sino qué personas lo hacen en su nombre.

No se trata de una idea exótica ni de un salto al vacío. Numerosas democracias europeas funcionan con listas abiertas o con voto preferente —Finlandia, Suecia, Países Bajos, Bélgica o Brasil, entre otras— sin que ello reste estabilidad a sus parlamentos. La experiencia comparada muestra que es perfectamente compatible con un sistema proporcional y con la existencia de partidos fuertes. Cambia, eso sí, el equilibrio de poder dentro de cada formación: el candidato debe ganarse al electorado y no solo a quien confecciona la lista.

Una reforma así obliga a cuidar los detalles. Hay que definir cómo se traducen los votos preferentes en escaños, evitar que la mecánica de voto se vuelva confusa, y prevenir que el sistema favorezca a los candidatos con más recursos para hacerse conocidos. Son problemas técnicos resolubles, sobre los que existe abundante literatura y experiencia internacional. Lo esencial es la dirección del cambio: acercar la decisión a la persona, no solo a la sigla.

El objetivo último es fortalecer la calidad de la representación. Cuando un diputado sabe que su escaño depende del respaldo directo de los ciudadanos, tiene incentivos para escucharlos, para rendir cuentas y para mantener un vínculo real con su circunscripción. Las listas abiertas no son una panacea, pero sí un paso concreto para que la política española sea algo más de las personas y algo menos de las maquinarias de partido.