Soterrar todas las líneas de alta tensión de España

España está atravesada por decenas de miles de kilómetros de cables colgados de torres de acero. Solo la red de transporte, la de 220 y 400 kilovoltios que gestiona Red Eléctrica, suma ya 46.155 kilómetros de circuito, y a ella se añaden las líneas de alta tensión de las distribuidoras que llegan a cada comarca. Son infraestructuras pensadas hace décadas, con la tecnología y las prioridades de entonces, que hoy cruzan valles, montes, espacios protegidos y afueras de pueblos y ciudades como si el paisaje y quienes viven en él no contaran. Ha llegado el momento de meterlas bajo tierra, todas.

El tendido aéreo no es inofensivo. Alrededor de 30.000 aves mueren cada año en España electrocutadas o al chocar con líneas eléctricas, que son la primera causa de muerte no natural de la avifauna del país, y las organizaciones conservacionistas advierten de que esa cifra es solo la punta del iceberg porque la mayor parte de la red no tiene ningún seguimiento. Entre las víctimas hay águilas imperiales, quebrantahuesos y otras especies amenazadas cuya recuperación cuesta millones de euros en programas públicos que un poste mal diseñado echa por tierra en un segundo. Aislar conductores y cambiar crucetas alivia el problema, pero no lo resuelve: un cable enterrado no electrocuta ni mata por colisión a ningún ave.

Las líneas aéreas son también una fuente de incendios. Cuando un vendaval tumba un árbol sobre el tendido, el arco eléctrico prende la vegetación seca. En la provincia de Lugo, el Seprona de la Guardia Civil estima que alrededor del 40% de los incendios forestales del último año se originaron así, y alerta de un aumento muy notable de estos casos a medida que los temporales se hacen más frecuentes e intensos. Con veranos cada vez más largos y secos, mantener miles de kilómetros de cables desnudos sobre el monte es un riesgo que ya no tiene justificación. A eso se suman los cortes de suministro por nevadas, rachas de viento o hielo, que dejan a comarcas enteras sin luz cada invierno.

La propuesta es un mandato legal sin excepciones: toda línea eléctrica de alta tensión del país, de transporte o de distribución, existente o nueva, irá enterrada. No se autorizará ni una torre más, y las líneas actuales se sustituirán por cables subterráneos, con galerías y arquetas registrables que permitan inspeccionarlas, repararlas y ampliarlas igual que hoy se mantienen las aéreas. Las servidumbres de paso que hoy inutilizan franjas de terreno bajo los cables se liberarán y volverán a sus dueños, y los corredores despejados de torres devolverán el paisaje a los municipios que llevan décadas soportándolas.

La técnica existe y España ya la domina. La interconexión eléctrica con Francia por los Pirineos orientales, construida por Red Eléctrica y su homóloga francesa, recorre 64,5 kilómetros totalmente soterrados, incluido un túnel de 8,5 kilómetros bajo la montaña, y dobló la capacidad de intercambio entre los dos países. Alemania ha ido más lejos: por decisión política, sus grandes autopistas eléctricas van bajo tierra, y SuedLink llevará la energía eólica del norte al sur del país a lo largo de 700 kilómetros de cable subterráneo. Enterrar cuesta más que colgar, y nadie debe esconderlo; pero es una inversión en una infraestructura que dura medio siglo, que se financia a lo largo de toda su vida útil a través de la retribución regulada de la red y que ahorra, año tras año, lo que hoy se pierde en incendios, averías, cortes de suministro, especies protegidas y terreno inutilizado.

Lo que se espera conseguir es un país sin torres de alta tensión en el horizonte, sin aves electrocutadas en los postes, sin montes que arden por un cable caído y sin pueblos que se quedan a oscuras con cada temporal. La transición energética va a obligar a construir y reforzar miles de kilómetros de red en los próximos años; hacerlo con la tecnología de hace un siglo sería repetir el error. La red eléctrica del siglo XXI debe ir donde ya van el agua, el gas y la fibra: bajo tierra.