Unificar el catálogo de las bibliotecas electrónicas españolas

Un lector de Badajoz y otro de Logroño pagan los mismos impuestos, pero no tienen acceso al mismo catálogo de libros electrónicos. El préstamo digital de las bibliotecas públicas españolas funciona a través de eBiblio, un servicio impulsado por el Ministerio de Cultura pero gestionado por separado en cada comunidad autónoma, cada una con su propia colección y su propio presupuesto de licencias. Cataluña y el País Vasco quedan además fuera del sistema, con plataformas propias —Biblio Digital y eLiburutegia— desconectadas del resto. El resultado es que la disponibilidad de un libro electrónico en la biblioteca pública depende del código postal del lector: un título puede estar disponible en Murcia, agotado en Andalucía e inexistente en la plataforma catalana.

Esta fragmentación no es una anécdota administrativa: tiene consecuencias medibles. Las bibliotecas no compran ejemplares digitales sino licencias de lectura, que se reparten por criterios de población y que cada comunidad amplía según su presupuesto. El resultado es un préstamo digital a dos velocidades, con comunidades que concentran la mayor parte de la actividad estatal mientras otras, con más población, quedan muy por detrás. Diecinueve administraciones negociando por separado con las mismas editoriales compran menos licencias por el mismo dinero, y esa escasez la paga el lector en forma de listas de espera. Todo ello para mantener diecinueve instancias de un servicio que, por su propia naturaleza digital, no tiene ninguna razón técnica para estar dividido en territorios.

Lo más llamativo es que España ya ha resuelto este problema donde era más difícil resolverlo: en el papel. El Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Públicas Españolas permite desde hace años una consulta única a las diecisiete redes autonómicas, con millones de registros de más de tres mil bibliotecas y enlace a la disponibilidad real de cada red. Es decir, para el fondo físico —que está atado a un edificio y a una estantería— existe un catálogo unificado, mientras que el fondo electrónico —que puede llegar a cualquier pantalla del país en segundos— permanece troceado en compartimentos autonómicos. Mantenemos unificado lo inmóvil y fragmentado lo que no pesa nada.

La propuesta es completar el camino que el propio eBiblio dejó a medias: un catálogo único de préstamo digital para toda España, con tres piezas. Primera, la negociación agregada de licencias a escala estatal, de modo que el conjunto de las administraciones actúe como un único comprador frente a las editoriales y cada euro público rinda más licencias y menos lista de espera. Segunda, el acceso universal con cualquier carné: un carné de biblioteca pública expedido en cualquier punto de España debe dar acceso al catálogo digital común, sin trámites adicionales. Tercera, la integración de las plataformas catalana y vasca mediante interoperabilidad obligatoria: sus redes conservan la gestión y sus políticas de adquisición —incluidas las colecciones en lenguas cooficiales, que saldrían ganando al ser visibles y prestables para lectores de toda España—, pero sus fondos entran en el buscador común y los del resto del país se abren a sus lectores.

No se trata de invadir competencias autonómicas, sino de profundizar en un marco de cooperación que ya existe y funciona. eBiblio nació en 2014 precisamente como un servicio cooperativo entre el Ministerio y las comunidades, coordinado a través del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, y en sus primeros cinco años multiplicó por siete los préstamos: la demanda ciudadana está demostrada. Lo que se propone es que ese mismo órgano apruebe, con calendario y presupuesto, el paso de diecinueve colecciones paralelas a una colección común. La unificación debe limitarse, eso sí, al catálogo y a las licencias: el historial de préstamos de cada lector debe seguir gestionándose de forma local y con retención mínima, porque unificar el acceso a los libros no puede significar centralizar el registro de quién lee qué.

Un catálogo electrónico único convertiría la biblioteca pública digital en lo que ya debería ser: un servicio nacional de lectura, igual para todos, disponible a cualquier hora y en cualquier lugar. Más poder de compra, menos listas de espera, un solo buscador y un solo carné. Pocas reformas culturales ofrecen tanto beneficio ciudadano a cambio de tan poco coste: la infraestructura existe, la demanda existe y el precedente —el catálogo colectivo del fondo físico— también. Solo falta la decisión.