Democracia directa

y delegación de voto

Nuestro objetivo es acercar la política a la ciudadanía

¿Qué hacemos?
Referenda es una aplicación web de Democracia Directa y delegación de voto. Nuestro objetivo es acercar la política a la ciudadanía. Queremos formar una opinión pública responsable fomentando el conocimiento sobre nuestras leyes, su proceso de creación y sus legisladores.
Democracia Directa
Para conseguirlo, utilizamos la Democracia Directa, que permite a cualquier ciudadano indicar si está o no de acuerdo con una determinada ley. Lo hacemos ofreciendo la posibilidad de votar las mismas leyes y propuestas que se debaten a la vez en el Congreso de los Diputados.
Delegación de voto
Apostamos por la delegación de voto en una organización o en un individuo, permitiendo a nuestros usuarios delegar sus votos en expertos y personas influyentes cuando se discuta sobre ciertos temas. Esta delegación es transitiva, pudiéndose formar grandes cadenas que canalizan los votos.
Delegar voto
A continuación listamos las leyes que se están debatiendo ahora en el Congreso de los Diputados para que puedas indicar tu voto. A favor, en contra o abstención
En el Estado de Derecho son requisitos indispensables la separación de los poderes, el imperio de la Ley como expresión de la soberanía nacional, la sumisión de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del jurídico, y la garantía procesal de los derechos fundamentales y de las libertades públicas; y para todo ello es precisa la existencia de un Poder Judicial formado por jueces y magistrados independientes y responsables y sometidos únicamente imperio de la ley en su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
NO
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83%
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El que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días.
NO
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67%
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El Congreso de los Diputados acuerda la reprobación de las Ministras de Justicia y de Defensa, D.ª María del Pilar Llop Cuenca y D.ª María Margarita Robles Fernández, por sus declaraciones contrarias al Fallo del Tribunal Constitucional, en virtud del cual determina la inconstitucionalidad de parte del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, socavando, en última instancia, independencia e imparcialidad del Tribunal Constitucional.
NO
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100%
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economia
Este real decreto-ley pretende, con pleno respeto a la normativa presupuestaria, reforzar el carácter temporal de la figura del personal interino; aclarar los procedimientos de acceso a la condición de personal interino; objetivar las causas de cese de este personal e implantar un régimen de responsabilidades que constituya un mecanismo proporcionado, eficaz y disuasorio de futuros incumplimientos que, además, permita clarificar cualquier vacío o duda interpretativa que la actual regulación haya podido generar.
NO
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60%
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar la consolidación del crecimiento y la creación del empleo estable y de calidad, con especial atención a jóvenes y mujeres, situando este objetivo en el centro de las medidas de los Planes de recuperación, transformación y resiliencia.
NO
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60%
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La AP-9 es una autopista de titularidad estatal que abarca una parte muy importante del territorio gallego, pues es una vía vertebral que conecta toda la franja atlántica y cinco de las siete ciudades gallegas. Sin embargo, la AP-9 continúa dependiendo del Gobierno central, que mantiene unos peajes desorbitados, los cuales limitan el acceso a esta vía a las personas con menos recursos y lastran el desarrollo de sectores económicos gallegos.
NO
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75%
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El Parlamento de La Rioja, consecuencia de un intenso debate y estudio sobre la necesidad de equiparar la norma máxima de autogobierno a la de otras comunidades autónomas y adaptar nuestra legislación institucional básica a las actuales necesidades de nuestra región presenta una nueva propuesta de modificación. La positiva evolución y profundización del hecho autonómico requieren una adecuación del Estatuto de Autonomía de La Rioja para dar mejor respuesta a las nuevas demandas de los riojanos y riojanas. Esta modificación incorpora disposiciones que perfeccionan los instrumentos de autogobierno, mejora el funcionamiento institucional, acoge derechos para mejorar la protección de sus ciudadanos, amplía y consolida espacios competenciales y se abren nuevos horizontes como el de su vocación europea.
NO
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83%
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Se reconoce el derecho de resarcimiento a los particulares afectados por la incautación de papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas en la cuenta "Billetes de canje desestimado" o en el "Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo" a los cuales dieron lugar los decretos de 27 de agosto de 1938, o a sus derechohabientes, en los términos que se establezcan por reglamento, que en cualquier caso deben concretar la documentación que es preciso aportar para obtener el resarcimiento, el plazo dentro del que es admitida, el procedimiento de reconocimiento y el resto de plazos del mismo, la forma y el método de cálculo del resarcimiento, y cualquier otro requisito necesario para el ejercicio efectivo del derecho reconocido.
NO
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71%
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Es necesario que los parlamentarios dispongan de garantías funcionales y prerrogativas vinculadas al ejercicio de su función -como la inviolabilidad- para que se garantice el libre y correcto ejercicio de su labor representativa, así como la correcta conformación de la voluntad popular en el seno de la institución parlamentaria. Pero no lo es menos que la sociedad actual, con un Poder Judicial independiente, nada tiene que ver con la de los siglos XVIII y XIX, en la que unos privilegios procesales garantizaban la labor de los parlamentarios, frente al poder del juez o de los gobernantes, y ello hoy carece de sentido.
NO
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86%
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La Región de Murcia, y en particular, los municipios ribereños del Mar Menor han venido sufriendo desde antaño riadas e inundaciones de forma recurrente, causando gran daño a población, viviendas e infraestructuras. Lo cierto es que la población ha llegado a convivir con dichos procesos y se ha adaptado con resignación a los distintos destrozos que estas inundaciones han ido ocasionando. Sin embargo, en los últimos años, la recurrencia y virulencia de estos fenómenos se ha visto acrecentada, con volúmenes e intensidades de tormentas muy elevadas.
NO
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86%
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En unos momentos de recuperación económica y en una apuesta por la dinamización de la economía resulta pertinente la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan recuperar la capacidad para establecer periodos de rebajas puesto que es una fórmula que puede fomentar las ventas comerciales, el consumo interno y la ordenación económica de las empresas a través de la salida de stocks.
NO
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En el momento actual en el que los efectos de la crisis han diezmado el estado de bienestar, el nivel de desempleo ha ascendido a unos niveles históricos y se ha producido una caída estrepitosa de la ocupación, se han realizado una serie de modificaciones legislativas que han repercutido en el gasto social, afectando a la cobertura del sistema de garantía de rentas. La necesidad de reforzar el actual sistema de protección social y de aportar soluciones es absolutamente imprescindible. Más allá de las dificultades económicas por las que atraviesa la economía española, la protección de las personas con escasa o ninguna cobertura social pública es una exigencia social, cívica y democrática.
NO
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86%
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Proposición de Ley para la regulación del personal longevo al servicio de las Administraciones Públicas (corresponde al número de expediente 120/000006/0000 de la XIII Legislatura). (120/000005)
NO
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86%
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Un proyecto de Estatuto no es norma jurídica vinculante hasta su ratificación por referéndum, por lo tanto, hasta ese momento debe ser inmune al control del Tribunal. En el control previo lo que se busca mediante la reinstauración del recurso previo de inconstitucionalidad es que determinadas voluntades democráticas no se puedan manifestar por los instrumentos democráticos previstos en la Constitución, que no son otros que la culminación de la tramitación parlamentaria de un Estatuto de Autonomía y su ratificación ciudadana por medio del referéndum. Con ello se vulnera el procedimiento constitucional y estatutariamente previsto para la aprobación estatutaria y sus modificaciones, así como el principio democrático, en cuanto impide la manifestación de una voluntad democrática por el cauce previsto legalmente, que no es otro que el refrendo del texto estatutario. El control constitucional de los Estatutos previsto en la Constitución lleva a que dicho control deba realizarse una vez finalizada la tramitación total, incluida el referéndum. Introducir un trámite previo resulta inconstitucional.
NO
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83%
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Si bien la seguridad y defensa del Estado es un valor constitucionalmente protegido y al Gobierno compete su resguardo, y por ello el acceso de los ciudadanos a aquellas materias que pudieran afectarlo queda vedado, no es menos cierto que ese valor y su resguardo no es absoluto pues debe dialogar con otros valores y principios también constitucionalmente protegidos.
NO
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71%
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La promulgación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, supuso un avance significativo en la extensión e intensificación de los derechos sociales de amplias capas de la población que por razón de edad avanzada o discapacidad, originaria o sobrevenida, precisan de apoyos para su autonomía individual y su participación comunitaria en condiciones de igualdad y dignidad.
NO
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El establecimiento de unas ratios mínimas de profesionales de enfermería en atención al número de pacientes dota de mayor efectividad los derechos de los ciudadanos respecto a las prestaciones sanitarias, refuerza el derecho a la protección de la salud y permite una mejor planificación de los recursos humanos dedicados a los cuidados asistenciales.
NO
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Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (corresponde al número de expediente 120/000007/0000 de la XIII Legislatura). (120/000006)
NO
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, equiparando en el Anexo II.3 a los Letrados de la administración de Justicia destinados en Cataluña con los destinados en País Vasco y Navarra, para que pasen a percibir el complemento de destino por circunstancias especiales previsto para estos últimos con una cuantía mensual de 397,99 euros, con el régimen y actualización que corresponda a los supuestos contemplados en dicho anexo.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente: 1. A cumplir las normas de explotación del Trasvase establecidas en el Memorándum de Entendimiento Tajo-Segura, absteniéndose de sustituirlas por el criterio arbitrario del Ministerio para la Transición Ecológica. 2. A llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para impedir el establecimiento de caudales más exigentes que los señalados por la Ley de Aguas, con los consiguientes perjuicios que ello conlleva.
NO
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1. Aprobar la concesión directa de una subvención para la financiación de los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras de Ceuta y Melilla, aplicando el artículo 22.2.c) de la Ley General de Subvenciones. 2. Aprobar la concesión directa de una subvención para cofinanciar los servicios públicos y actuaciones en relación con la presión migratoria soportada por ambas Ciudades Autónomas, en aplicación del mismo artículo 22.2.c) de la Ley General de Subvenciones.
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Insta al Gobierno a impulsar y apoyar la creación de una Comisión de estudio integrada por expertos docentes y otros representantes de la sociedad civil que puedan hacer un diagnóstico sobre las carencias y necesidades del docente en relación a la formación inicial (MIR) y el diseño de una carrera docente
NO
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La intromisión política y la manipulación ideológica a través de los libros de texto no es alguno nuevo. De hecho, fue a raíz de las manifestaciones de los representantes de Anele en una comparecencia en sede parlamentaria, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, cuando este grupo parlamentario formuló pregunta al antiguo Secretario de Estado de Educación sobre los hechos denunciados. Este se comprometió a encargar un informe a la Alta Inspección sobre la manipulación de los libros de texto.
NO
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El deporte es una herramienta efectiva para la transmisión de valores tales como la solidaridad, el trabajo en equipo y la cultura del esfuerzo. Además de ello, en los últimos tiempos también ha quedado patente que el deporte también transmite valores que trascienden a los intrínsecamente relacionados con la actividad física y la interacción entre compañeros. En muchísimas ocasiones, el deporte también se ha convertido en un elemento reivindicativo en favor de diferentes movimientos sociales. En numerosos casos de actualidad, también para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aunar, en el marco de la redacción de los futuros Programas Nacionales de Reformas y Programas de Estabilidad que realice el Gobierno de España, las iniciativas a llevar a cabo durante el período al que hacen referencia y la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el objetivo de entrelazar las reformas estructurales a realizar por España y el desarrollo sostenible.
NO
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que desarrolle un portal web de empleo público universitario que recoja información actualizada de todas las ofertas de trabajo para personal docente e investigador (PDI) que se convoquen en las universidades públicas españolas.
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1. Reforzar el componente de seguridad en la cooperación española, en línea con el V Plan Director de la Cooperación Española y el Consenso Europeo de Desarrollo, mediante una colaboración más estrecha entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y los ministerios de Defensa e Interior. 2. Fomentar la cooperación entre los cooperantes españoles y el personal civil y militar en el exterior, fortaleciendo así el componente de paz y seguridad en las labores de ayuda humanitaria, especialmente en lo que respecta a la consecución de la agenda global y europea de mujeres, paz y seguridad.
NO
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear e impulsar la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España, con el objetivo de llevar a cabo tareas de asesoramiento y promoción de la ciencia y la tecnología españolas, así como fortalecer y profundizar en las relaciones de cooperación científica y tecnológica internacionales, apoyando la internacionalización de nuestros investigadores y empresas y las participación de estos en proyectos de dimensión internacional.
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De acuerdo con su propia ley de creación, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es el único organismo competente en España en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Es un ente de Derecho Público, independiente de la Administración General del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se rige por su Estatuto y rinde cuentas al Congreso de los Diputados y al Senado.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a darle la máxima prioridad a la aprobación de una nueva estrategia digital para España, que permita a nuestro país desarrollar dentro de la agenda digital un objetivo concreto de Industria 4.0 y que se dote a su desarrollo de medios económicos para garantizar la modernización de nuestro tejido industrial
NO
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El programa Mecanismo Conectar Europa 2012-2027 financiará proyectos por un total de 42.300 millones de euros a lo largo de los próximos años. Es necesario explotar las posibilidades que se abren en torno a la apertura del corredor atlántico que permita conectar los puertos de la fachada atlántica y los tráficos de mercancías por ferrocarril al mismo tiempo que se mejora la interconectividad de las rutas marítimas con las ferroviarias.
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En 1855, el Gobierno de España, apoyado en un informe técnico del ingeniero Juan Subercase, decidió que todos los ferrocarriles interurbanos tendrían un ancho de vía de 1.668 mm, frente al estándar europeo o internacional de 1.435 mm que ya empezaba a imponerse en aquel momento. Fue una decisión controvertida, que con el tiempo ha contribuido a mantener muy aislado al ferrocarril ibérico.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que considere cambiar la denominación del aeropuerto de Valladolid y pase a llamarse "Aeropuerto de Valladolid-Miguel Delibes.
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El transporte juega un papel crucial para la consecución de las libertades y derechos que la Unión Europea garantiza a sus ciudadanos en todo el territorio de la Unión, y especialmente en aquellas regiones periféricas que cuentan con una desventaja competitiva, por cuestiones geográficas, respecto a otras regiones europeas.
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Proposición de Ley para la reforma del artículo 69.3 de la Constitución española a los efectos de que la isla de Formentera elija un senador propio, con independencia del que elija la isla de Eivissa La isla de Formentera ha pasado en poco más de tres siglos de la despoblación y el inicio del repoblamiento definitivo a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, hasta la plenitud institucional y administrativa que representa la creación del Consell Insular de Formentera, en el año 2007.
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La presente Ley es la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Protección de las Personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Quiere contribuir a consolidar los sistemas de control, señalamiento y alerta sobre irregularidades e infracciones en el ámbito público y privado, ofreciendo en ambos sectores una protección integral a los alertadores (de la figura de origen anglosajona whistleblowers), personas que revelan o comunican informaciones sobre infracciones, irregularidades y acciones y omisiones dolosas o imprudentes susceptibles de causar daños y amenazas al interés general. Además de regular los canales de recepción de alertas internos y externos de administraciones, empresas y entidades, estableciendo qué obligaciones deben cumplir los responsables públicos y privados, así como las consecuencias que en el ámbito del procedimiento sancionador se puedan derivar de su incumplimiento para poner fin con todas estas medidas, y desde el consenso social, a los abusos sistémicos.
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En una democracia avanzada, el pueblo participa en el ejercicio del poder soberano de manera directa y representativa. Si en España la intervención a través de representantes, a pesar de sus deficiencias, está ya consolidada, no se puede decir lo mismo de la participación directa en sentido estricto (referendos) o en sentido más amplio (plebiscitos, iniciativa legislativa popular, iniciativa popular para la reforma de la Constitución).
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La importancia del Registro Civil demanda la adopción de un nuevo modelo que se ajuste tanto a los valores consagrados en la Constitución de 1978 como a la realidad política, social y tecnológica de la sociedad española. La Constitución de 1978 sitúa a las personas y a sus derechos en el centro de la acción pública. Y ese inequívoco reconocimiento de la dignidad y la igualdad ha supuesto el progresivo abandono de construcciones jurídicas de épocas pasadas que configuraban el estado civil a partir del estado social, la religión, el sexo, la filiación o el matrimonio. El 21 de julio de 2011 se promulgó la Ley 20/2011, del Registro Civil. La complejidad de la Ley y el cambio radical respecto al modelo anterior han dificultado su implantación y han conllevado varios aplazamientos de su entrada en vigor, a lo largo de los últimos años, con excepción parcial de algunos preceptos ya en aplicación.
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La autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta
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La homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia continúan siendo formas de discriminación presentes en el día a día de nuestras sociedades, y de la existencia de miles personas que, todavía hoy, continúan siendo perseguidos, encarcelados y condenados a trabajos forzados, castigos físicos e incluso a la pena de muerte en razón de su mera orientación sexual e identidad de género en terceros países.
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El último Informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) sobre España publicado el 27 de febrero de 2018, entre otras medidas, establece en la Recomendación núm. 22 que las autoridades españolas adopten a la mayor brevedad una legislación general contra la discriminación que esté en consonancia con las normas establecidas en los párrafos 4 a 17 de su Recomendación núm. 7 de política general.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a modificar el artículo 156 del Código Penal a fin de prohibir la práctica de la esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente y penarla en concordancia con los derechos recogidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
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En el conjunto del Estado español, entre los años 1994 y 2008 el número de fallecimientos vinculados directamente al amianto fue de 3.943. Durante todo el siglo XX se importaron unas 2.600.000 toneladas de amianto. El pico máximo de consumo se produjo entre los años 1970 y 1980. Unas tres cuartas partes se utilizaron para fabricación de fibrocemento para la construcción, cifra similar a la de otros países. Se calcula en unas 2.300.000 toneladas el consumo de amianto entre los años 1960 y 1995, lo que supone un 30 % menos de consumo que en Francia. Se ha probado científicamente que existe una relación directa ente el consumo de amianto y el mesotelioma. En estudios recientes (Chérié-Charline en 2012) se señala que en Francia actualmente se diagnostican unos 1.000 mesoteliomas de promedio al año. Por ello, se estima que, si el consumo ha sido un 30 % inferior, podríamos afirmar que estaríamos en torno a los 700 mesoteliomas de promedio por año. Esta situación es similar a la existente en otros países de la Unión Europea, y, no obstante, a pesar de ello, España no cuenta aún con un fondo de compensación.
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Canarias lleva años pidiendo un mayor control y registro del volumen y tipo de envases que se introducen en Canarias, para poder gestionar mejor los residuos de envases y embalajes que entran en el sistema integrado de gestión de residuos establecido en las islas, como por ejemplo Ecoembes o Ecovidrio.
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Los informes psicosociales sobre menores inmersos en procedimientos judiciales, tales como de separación o divorcio, agresiones, o relativos a la custodia de los mismos, son una pieza clave para salvaguardar su interés superior, así como la tutela judicial efectiva. Sin embargo, en numerosas ocasiones se producen retrasos -a veces, de hasta dos años- en la elaboración de los mismos, suponiendo un menoscabo evidente en la protección de los menores y desvirtuando el fin mismo de los informes psicosociales, como es la ajustada toma de decisiones por parte de los órganos judiciales, salvaguardando en todo caso los derechos de los menores.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir la promoción de la salud y bienestar emocional de los jóvenes como una línea estratégica dentro del Plan Estatal de Investigación (reto de Salud, cambio Demográfico y Bienestar) y a desarrollar y potenciar la atención a menores de edad en la nueva Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud.
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El 'mecenazgo' ha venido para quedarse y urge reforzarlo desde la acción política y desde el apoyo fiscal. Estamos hablando de actividades muy diferentes: culturales, educativas, asistenciales, deportivas, medioambientales, de investigación etcétera, que tienen como denominador común el hecho de ser de interés general y de ser impulsadas desde la iniciativa privada.
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La superación del plazo máximo de mandato sin que se haya producido la debida renovación sitúa al Consejo General del Poder Judicial en una situación extraordinaria, cuyo régimen jurídico no puede ser el mismo que el aplicable al periodo normal de funcionamiento.
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La actividad cinegética en España es una herramienta imprescindible para la correcta gestión de los ecosistemas, de conservación del medio natural y de mejora de la biodiversidad. Es un instrumento fundamental de gestión del territorio y uno de los motores económicos del mundo rural, actuando como actividad generadora de empleo que permite la fijación de la población.
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Los territorios extrapeninsulares -Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla- disfrutan de una bonificación del 75 % del coste de las tarifas aéreas y marítimas del 75 % desde su inclusión en la ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado de 2018. El objeto de esta subvención es garantizar que las ciudades extrapeninsulares y ultraperiféricas tengan la misma capacidad de desplazamiento y los mismos derechos que cualquier ciudadano de la Unión Europea, favoreciendo la cohesión territorial y la unidad del territorio español.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social y, por tanto, a no realizar ninguna acción o negociación que implique su ruptura o transferencia, para así salvaguardar la solidaridad e igualdad entre todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia.
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La isla de Gran Canaria ha sufrido durante el verano de 2019 incendios de enorme magnitud, en los que se han calcinado miles de hectáreas. El último y más importante ha puesto en grave riesgo el Parque Natural de Tamadaba, considerado como el pulmón verde de Gran Canaria, quemando más de 10.000 hectáreas y obligando a evacuar de sus hogares a más de 9.000 personas.
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España carece de una normativa, única y homogénea, de clasificación hotelera nacional siendo necesaria una categorización unificadora en base al nivel de calidad de los equipamientos y oferta hotelera y frente a aspectos relacionadas con los servicios de valor añadido que en la actualidad demandan los usuarios.
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El Gobierno, en los Presupuestos Generales del Estado, tiene asignada una importante partida presupuestaria para asistir a estas Ferias. Pretende atraer a un viajero de mayor poder adquisitivo, y por ello un turista más exigente. Paradójicamente apuesta por captar un turista de mayor poder adquisitivo y sin embargo en España muchos establecimientos llevan años y décadas sin renovarse por falta de ayuda al sector.
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El pasado 5 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela debía elegir a una nueva Junta Directiva. Las fuerzas militares y policiales del régimen de Nicolás Maduro bloquearon el acceso a la sede del Parlamento venezolano, violando así el Reglamento de la Asamblea que garantiza su autonomía para custodiar sus instalaciones, e impidieron a diversos Diputados, incluyendo al propio presidente Guaidó, la entrada al Palacio Federal. Bloquearon, además, la entrada de la prensa, la señal telefónica y de internet, impidiendo informar libremente a los medios de comunicación de lo que ocurría en el interior.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a no tomar en consideración los acuerdos suscritos entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español en todo lo que se refiera a la Comunidad Foral de Navarra.
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Navarra constituye una Comunidad Foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la Nación española y solidaria con todos sus pueblos, como reza en artículo 1 del Amejoramiento del Fuero. Asimismo, la Constitución Española, en la Disposición adicional primera, ampara y respeta el régimen Foral.
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Guardia Civil y Policía Foral llevan muchos años colaborando y trabajando conjuntamente, y son decenas los agentes de la Guardia Civil de Tráfico afincados en Navarra durante toda una vida profesional y personal. En Navarra no se olvida la gran labor que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan en todos los ámbitos, pero especialmente durante los conocidos como "años de plomo", poniendo su vida y seguridad al servicio del bienestar, libertad y seguridad de los ciudadanos navarros. Ahora, y como consecuencia del acuerdo suscrito, sin respetar a los navarros y a sus instituciones, la Guardia Civil que ejerce las labores de tráfico en las carreteras navarras, deberá cesar su actividad en el plazo de seis meses.
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Existen tres millones de personas afectadas por enfermedades raras en España. Es necesario tomar las medidas oportunas que hagan frente a las necesidades sanitarias y sociales de este inmenso grupo de pacientes, y que por su heterogeneidad precisa de una aproximación distinta a la de aquellos con enfermedades más frecuentes.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a liderar ante las instituciones de la Unión Europea una postura firme en defensa del sector apícola español en concreto y europeo en general, así como a defender el derecho a la información de los consumidores en materia de etiquetado de la miel, con el objetivo de que se promuevan las modificaciones legales oportunas en referencia a la exigencia de hacer constar en dicho etiquetado el país o los países de origen de la miel, así como el porcentaje de mezcla que compongan el producto envasado y etiquetado, fundamentalmente y en todo caso cuando se trate de terceros países ajenos a la Unión Europea.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a trabajar con los responsables de redes sociales y plataformas digitales que operan en nuestro país con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de publicidad sanitaria, reforzando a tales efectos las labores de vigilancia, detección y, en su caso, retirada de contenidos que vulneren dicha normativa, en particular aquellos que realicen publicidad de cualquier índole sobre medicamentos con prescripción médica, con la finalidad de proteger adecuadamente la salud pública de toda la población, en especial la de los menores de edad, que acceden o están expuestos a estos contenidos digitales.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar las modificaciones legislativas que procedan para asegurar la plena compatibilidad de la pensión de jubilación con la realización de trabajos por cuenta propia o ajena, sin que se produzca minoración alguna en la cuantía de la pensión del beneficiario que opte por esta compatibilidad y sin que resulte exigible la concurrencia de requisitos adicionales a los relacionados con el acceso a la pensión contributiva del propio trabajador, inclusive, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, el tener o no contratado a algún trabajador por cuenta ajena.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar las modificaciones normativas necesarias para prohibir en todo el territorio nacional la realización de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento de la orientación sexual o de la identidad o expresión de género, con sanciones en caso de incumplimiento.
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El terremoto de Lorca ha sido el de mayor gravedad de nuestro país en su historia reciente. El tiempo transcurrido desde que se obtuvo la ayuda por parte de los beneficiarios hasta el momento actual, en que se viene realizando la fase de justificación, ocasiona una enorme dificultad para que los interesados puedan acreditar con facturas y justificantes de pago las obras realizadas, ya que en algunos casos han extraviado los documentos y en otros las empresas que ejecutaron las obras han desaparecido, por lo que no es posible, a día de hoy, la aportación de los justificantes.
NO
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, de manera urgente, cuantas medidas sean necesarias para bonificar el 50 por ciento de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio 2019, con los mismos requisitos establecidos para la exención regulada en este Impuesto en el artículo 12 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca.
NO
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La vivienda es un elemento clave en la sociedad actual cuya gestión ha de enfocarse de manera transversal para dar respuesta a los problemas que se plantean desde una perspectiva social, económica y de cohesión territorial. Las únicas medidas adoptadas por el ejecutivo socialista han sido la puesta en marcha del Plan de Vivienda 2018-2021, elaborado por el Partido Popular, y la aprobación del Real Decreto-ley 7/2019 de "Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler", de cuyo contenido se cuestiona tanto la urgencia como su eficacia, habiéndose admitido a trámite el recurso del Partido Popular en contra de la citada norma.
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La acción de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana se orienta a remover los obstáculos que impidan el libre ejercicio y disfrute de derechos fundamentales y libertades públicas y la tranquilidad material en la calle, velando por la protección de las personas y sus derechos; la preservación de la convivencia ciudadanas; la pacífica utilización de los espacios públicos; la garantía de las condiciones de normalidad en el funcionamiento de las instituciones y la prestación de servicios esenciales; la prevención de ilícitos penales y de infracciones administrativas tipificadas en esta ley, y la sanción de estas últimas. Por lo tanto, cualquier incidencia o limitación en el ejercicio de las libertades ciudadanas por razones de seguridad debe ampararse en el principio de legalidad y en el de proporcionalidad.
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Como advierte la doctrina, la incorporación al Código Penal de la cadena perpetua revisable es una de las decisiones político-criminales más importantes desde el restablecimiento de un sistema jurídico político de libertades en el año 1978, que persigue únicamente una función retributiva y vengativa de la pena, ya superada por las teorías de la humanización de la pena, más propias de los sistemas democráticos maduros y asentados.
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Si bien la seguridad y defensa del Estado es un valor constitucionalmente protegido y al Gobierno compete su resguardo, y por ello el acceso de los ciudadanos a aquellas materias que pudieran afectarlo queda vedado, no es menos cierto que ese valor y su resguardo no es absoluto pues debe dialogar con otros valores y principios también constitucionalmente protegidos.
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No es admisible que nadie, no digamos cargos que ostentan la máxima representación del Estado en su respectiva Comunidad Autónoma, eviten rendir cuentas por los delitos que hayan cometido ante las autoridades judiciales de su propio país. Como no lo es que, amparados en los propios márgenes que concede el ordenamiento jurídico, exploten una situación coyuntural de aparente impunidad para desafiar a dichas autoridades judiciales.
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El primer motivo que recomienda la derogación de la Ley 52/ 2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura es el ataque directo a la libertad ideológica individual que supone. En efecto, esta Ley señala buenos y malos en la historia de España y pretende obligar a todos los españoles a comulgar con esa interpretación. Lo cierto es que la interpretación de la historia es un aspecto de la libertad individual y por lo tanto está consagrado en la Constitución como un derecho fundamental. Por ello, esta Ley, que supone un ataque directo a dicha libertad, supone también un ataque directo a la Constitución.
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La intención de quienes elaboraron la Constitución fue la de establecer que los principios fundamentales que habían de regir la función del Ministerio Fiscal fueran los de legalidad e imparcialidad, de manera que solo tuviera este un límite en su actuación, la ley, lo que necesariamente significa que cualquier otro tipo de injerencia no era deseada. Actualmente, sin embargo, más cierto es que existe una sombra de sospecha sobre el funcionamiento de una institución que, como esta, ostenta una importancia capital en nuestro Estado de Derecho. La corrupción existente en nuestro país, el continuo descrédito que han sufrido nuestras instituciones en general y el que ha sufrido el Ministerio Fiscal en particular nos obligan a intervenir legislativamente con el objeto de sustraer esta importante institución del debate partidista.
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1. A los ciudadanos residentes en las Illes Balears se les aplicará la reducción en las tarifas de los servicios de transporte marítimo para los trayectos interinsulares en el archipiélago de las Illes Balears que es la aplicable con carácter general a los archipiélagos del Estado español. 2. En cuanto al transporte aéreo para trayectos interinsulares en el archipiélago de las Illes Balears se aplicará la tarifa máxima universal de 30 euros en régimen de Declaración de Obligación de Servicio Público, una vez esta declaración haya sido informada positivamente por los organismos competentes en base a los criterios de necesidad y adecuación fijados en el marco que regula el establecimiento de servicios aéreos en la Unión Europea, que se regirá por los requisitos mínimos siguientes:
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Una de las funciones primordiales de todo parlamento es la de control del ejecutivo junto a la de impulso de la acción política. Con el actual Reglamento es imposible constatar si el Gobierno toma en cuenta los mandatos no legislativos del Parlamento tales como Proposiciones no de Ley, Mociones, etc., que hayan sido aprobados por la Cámara. A fin de subsanar dicha situación, que contribuye al menoscabo del Parlamento, y teniendo como base modelos que ya están funcionando en la práctica en otras asambleas legislativas, se propone la siguiente modificación reglamentaria.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, equiparando en el Anexo II.3 a los Letrados de la administración de Justicia destinados en Cataluña con los destinados en País Vasco y Navarra, para que pasen a percibir el complemento de destino por circunstancias especiales previsto para estos últimos con una cuantía mensual de 397,99 euros, con el régimen y actualización que corresponda a los supuestos contemplados en dicho anexo
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No debiera permitirse en una sociedad avanzada anuncios de fórmulas, métodos o procedimientos cuasi milagrosos de prevención, predicción o curación de enfermedades, publicidades de tratamientos estéticos que generan en el consumidor expectativas de resultado, siendo las mismas prácticamente imposibles de garantizar al tratarse de procesos o intervenciones de índole asistencial que conllevan igualmente riesgos para la salud del usuario/paciente e impredecibles, en cualquier caso. Ni tampoco potenciar anuncios de prestaciones o actividades sanitarias que apelan directamente a sentimientos humanos, con mensajes sugestivos y atrayentes cuyo único fin es conseguir atrapar al usuario e inducirle, directa o indirectamente, a un consumo indiscriminado.
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El 23,3 % de la población española es fumadora, con una media de consumo de 10,7 cigarrillos diarios. El tabaquismo supone un problema sanitario de primer nivel, que cada año causa más de 58.000 fallecimientos en España, el 29 % de naturaleza cardiovascular.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias, dando traslado de las mismas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para la inclusión en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud del cribado neonatal para la detección precoz de las inmunodeficiencias combinadas graves, mediante la ampliación de la denominada "prueba de talón" a neonatos a este supuesto.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar todas las medidas que procedan, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en su caso, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para garantizar que en el transcurso del mínimo tiempo posible se lleve a cabo la instalación completa de todas las máquinas de diagnóstico y tratamiento oncológico donadas por la Fundación Amando Ortega y su puesta en funcionamiento al servicio de todos los usuarios de la sanidad pública en toda España.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, una reforma de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué conceptos determinan el volumen actual de la factura de la luz y qué costes deben ser asumidos por los consumidores en virtud de las necesidades expuestas.
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Al calor del poniente almeriense, y en las localidades de El Ejido, se concentra una alta densidad de producción agrícola intensiva fundamentada especialmente en el modelo de la explotación familiar agraria. De los 5.584 habitantes de Balerma, la gran mayoría viven de la agricultura por medio de explotaciones bajo plástico que vienen sufriendo la enorme regresión de la costa con un grave impacto y una significativa incertidumbre.
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El agua es un bien de todos, indispensable y generador de riqueza allí donde hay en abundancia. Una buena distribución, equilibra y vertebra nuestra Nación, por lo que es de extrema necesidad un plan que abarque todas las demandas hidrológicas de las regiones de España, y un sistema nacional de suministros hídricos que integre la gestión de cuencas y garantice el acceso al agua a todos los españoles, sin importar donde residan.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a reconsiderar su decisión de no mantener los fondos estatales para complementar los recursos de los que disponen las entidades públicas de protección de menores de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla para atender a menores extranjeros no acompañados, manteniendo su aportación durante todo el tiempo que resulte necesario y, en todo caso, en tanto se lleve a cabo la revisión del modelo de atención en aras a mejorar su eficacia.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir los compromisos que se derivan del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Zona Euro y ajustarse a la regla de gasto en todas las administraciones públicas, como requisito imprescindible para recuperar la credibilidad de nuestro país y atraer inversión extranjera.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a tomar cuantas medidas estén en su mano para garantizar el cumplimiento de la Ley y la Constitución frente intentos de censura educativa por parte de cualquier Comunidad Autónoma.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo e impulsar todas las actuaciones necesarias para que se equipare la indemnización por residencia de todos los Empleados Públicos Estatales destinados en las islas Baleares respecto a la de las islas Canarias, Ceuta y Melilla.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a garantizar el mantenimiento por parte del Estado de las competencias relativas a la formación sanitaria especializada (MIR, EIR, FIR, PIR, etc.), como garantía para preservar los estándares de excelencia de la formación especializada en el ámbito de las Ciencias de la Salud.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar todas las medidas que sean necesarias para proceder a la creación y dotación económica efectivas de la Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, con la finalidad de consolidar la protección por el Ministerio Fiscal de los derechos de las personas con discapacidad y las personas mayores en ámbitos no penales.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la Ley General de la Seguridad Social a fin de garantizar el reconocimiento del tiempo de prestación del Servicio Social de las mujeres, a efectos de cotización a la Seguridad Social, en los mismos supuestos y con los mismos requisitos que contempla el ordenamiento jurídico de la Seguridad Social para el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria.
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Cualquier acción exterior que lleven a cabo las Comunidades Autónomas deberá estar en línea tanto con el interés general de España como con las directrices que fije el Gobierno de España para la misma. Además, cualquier acción exterior que lleven a cabo las Comunidades Autónomas no podrá perjudicar ni influir la política exterior que fije el Gobierno de España.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en los próximos presupuestos generales del estado, una partida presupuestaria destinada a compensar a aquellos ayuntamientos de hasta 10.000 habitantes, de los ingresos que dejarán de percibir como consecuencia de la finalización de las concesiones de las autopistas de peaje.
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Tras 40 años de haberse aprobado el Estatuto de Gernika, 36 competencias recogidas en dicho Estatuto, y que, por lo tanto, según la ley y el derecho corresponden a la sociedad vasca, siguen pendientes de transferirse. Además, 25 competencias recogidas en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra 37 años después siguen sin haberse transferido a la Comunidad Foral de Navarra (CFN).
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Un estudio del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) presentado en enero de 2019, concluye que el 45,3 % de los anuncios de juegos y apuestas en línea se emitieron de 6 de la tarde a 10 de la noche en diez de las televisiones estatales que se han analizado durante el horario protegido para los menores.
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Se impone la necesidad de adicionar una nueva causa de inelegibilidad, consistente en la declaración como inelegibles de aquellas personas sustraídas a la acción de la Justicia mientras permanezcan en tal condición. Y ello tanto en su naturaleza de óbice para la participación del proceso electoral como de condición de decaimiento de la condición de electo. Así pues, en la medida en que la rebeldía criminal no constituye una situación puntual en el momento concreto de su declaración, sino una situación de tracto sucesivo, que solo cesa mediante la puesta a disposición del rebelde ante la autoridad judicial competente, es claro que habrán de ser afectados por dicha causa de inelegibilidad tanto quienes sean declarados en situación de rebeldía criminal como quienes, habiendo sido declarados en tal condición en el pasado, permanezcan en tal condición a la entrada en vigor de la presente ley.
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El encadenamiento constante y consecutivo de máximos de temperaturas, la sucesión de olas de calor y sequías, el aumento de los fenómenos extremos (lluvias, incendios, tornados...), el preocupante incremento del nivel del mar o la alarmante reducción de la extensión de hielo en el Ártico son manifestaciones incontestables de los efectos del cambio climático, de la crisis climática que indudablemente ya sufrimos.
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Los compromisos adquiridos por España en el seno de la Unión Europea requieren que nuestro país cuente con un procedimiento de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que sea ágil y adecuado a la importancia de cada órgano constitucional en el sistema institucional creado por nuestra Constitución. La redacción actual del artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no cumple con esos requisitos, al imponer un proceso que no respeta la posición atribuida por nuestra Constitución al Congreso de los Diputados y al Senado y abre la puerta a un bloqueo político que puede poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias contraídas por España.
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Los poderes públicos deben garantizar a todas las generaciones el derecho a conocer los acontecimientos que marcaron la Historia reciente de nuestro país y tomar consciencia del daño que produce el fascismo y el totalitarismo. Por ello, la memoria democrática debe convertirse en una política de Estado.
NO
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Los compromisos adquiridos por España en el seno de la Unión Europea requieren que nuestro país cuente con un procedimiento de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que sea ágil y adecuado a la importancia de cada órgano constitucional en el sistema institucional creado por nuestra Constitución. La redacción actual del artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no cumple con esos requisitos, al imponer un proceso que no respeta la posición atribuida por nuestra Constitución al Congreso de los Diputados y al Senado y abre la puerta a un bloqueo político que puede poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias contraídas por España.
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La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó en 2011 la Resolución 1826 sobre el fortalecimiento de la democracia mediante la reducción de la edad para votar a los 16 años, en que se instaba a los Estados miembros del Consejo de Europa a permitir el derecho al voto a partir de esa edad. La Resolución vincula los principios de la democracia, que exigen la participación del mayor número posible de personas en el proceso político y en la toma de decisiones, con la necesidad de ampliar el derecho a votar a los 16 años; y señala que la evolución demográfica en Europa podría llevar a la creciente marginación de la juventud en el proceso político, que corre el riesgo de ser dominado por cuestiones principalmente de interés para personas de mayor edad.
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La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, que entró en vigor el día 6 de diciembre de 2015, introdujo en su artículo único, apartado seis, por el que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un complicado régimen de limitación de la duración del proceso, que además de no ser tal, pues nunca concluye con el mismo si los plazos no se cumplen, genera una manifiesta inseguridad jurídica y la impunidad de muchos delincuentes que tratan de aprovechar los recovecos e incoherencias de esta regulación.
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Una vez transcurrido el cuarenta aniversario de nuestra Constitución, España debe revalidar su apoyo a los valores democráticos, garantizados por la Constitución del 78, lo que significa reconocer la memoria de quienes lucharon por la libertad y la democracia, desterrar definitivamente de nuestra sociedad el franquismo y todo lo que representó, como símbolo más contundente de la negación de aquellos valores.
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El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que reconocen el artículo 24.2 de la Constitución y el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no puede ni debe ser garantizado mediante una reforma legal que ignora las exigencias de seguridad jurídica que reclama el artículo 9.3 de la Constitución, introduciendo una pluralidad de plazos procesales con múltiples excepciones y posibilidades de prórroga, en manos del Ministerio Fiscal y no de las y los jueces de instrucción que son quienes investigan, demostrando la falta de coherencia de la reforma.
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La Constitución Española de 1978 declaró, en su artículo 3.1, oficial el castellano en todo el territorio nacional como lengua hablada en toda España, al margen de que en determinadas Comunidades Autónomas, o en parte de ellas, se hablen otras lenguas españolas. También la Constitución establece, en su artículo 3.2, que se podrán reconocer como oficiales en los respectivos Estatutos de Autonomía otras lenguas habladas históricamente en algunas Comunidades Autónomas. Asimismo, la Constitución recoge, en su artículo 3.3, el mandato de que tales lenguas serán objeto de especial respeto y protección.
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Resulta ineludible abordar las necesidades y reivindicaciones del colectivo de trabajadores de los Centros Penitenciarios que, en España, asciende, en la actualidad, a cerca de 23.000 personas. Un colectivo que desarrolla su labor profesional bajo constantes amenazas, agresiones, intentos de homicidio, asume riesgos extremos de enfermedades infectocontagiosas, que trabaja con delincuentes con un riesgo extremo para su propia integridad y que, pese a un trabajo de indudable riesgo, actualmente sufre una alarmante falta de personal.
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Morir constituye la última de las etapas de la biografía personal de cada ser humano, y así como es aceptado por todos que el ordenamiento jurídico debe procurar que todas las personas disfruten de una vida digna, también debe asegurar que todas tengan derecho a morir con la máxima dignidad.
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El Impuesto sobre el Patrimonio de las personas físicas se creó en 1977 a través de la Ley sobre medidas urgentes de Reforma Fiscal y se incorporó a nuestro sistema fiscal con un carácter "excepcional y transitorio". En origen, el objetivo que se pretendía era elaborar un censo de la riqueza poseída por los residentes en España y fiscalizar posibles ocultaciones de renta. Actualmente, es imposible encontrar razones económicas para el mantenimiento del impuesto. Diferentes estudios revelan, además, que su desaparición tendría efectos muy positivos en términos de crecimiento de la actividad económica, atracción de la inversión y el ahorro, y una mayor recaudación a través de la tributación de los rendimientos generados a través del IRPF.
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Es característica esencial de las sociedades democráticas avanzadas un alto grado de vertebración de la sociedad civil y su participación, ya sea de forma individual o colectiva, en el fomento de actividades de interés general que coadyuven al desarrollo social, cultural y económico. El mecenazgo se configura así como instrumento esencial y protagonista de canalización de la participación de los ciudadanos y las empresas en el desarrollo de actividades de interés general. La creación un sistema que facilite la participación privada en el apoyo de proyectos de fomento de las actividades de interés general y, singularmente, la cultura, la ciencia y el deporte no profesional, es una forma imprescindible de vertebrar nuestra sociedad y de implicar a los españoles en la construcción de nuestro futuro a través de la participación social, las artes, las ciencias y el deporte.
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La educación sexual integral tiene un papel central en la preparación de la juventud para una vida segura, productiva y plena en un mundo donde las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no planificados, las violencias machistas y la desigualdad de género todavía representan un grave riesgo para su bienestar. La salud sexual y reproductiva abarca las dimensiones del bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad; no se trata solamente de la ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad (OMS, 2006a). Cada día, son más las personas jóvenes que reclaman su derecho a una educación sexual exigiendo a quienes les representan cumplir con sus compromisos políticos para las generaciones presente y futuras.
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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, a desarrollar las medidas necesarias para garantizar la protección, inclusión y atención adecuada de los y las menores migrantes no acompañados.
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83%
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Morir constituye la última de las etapas de la biografía personal de cada ser humano, y así como es aceptado por todos que el ordenamiento jurídico debe procurar que todas las personas disfruten de una vida digna, también debe asegurar que todas tengan derecho a una muerte digna.
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Desde el año 2013 España forma parte del grupo de países de la Unión Europea en el procedimiento de cooperación reforzada para la adopción de una Directiva sobre la implantación armonizada de un Impuesto sobre Transacciones Financieras, conjuntamente con Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Italia y Portugal. Durante estos años, a pesar de los avances en la configuración del impuesto, no ha sido posible alcanzar un acuerdo que dé lugar a la aprobación de la Directiva.
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60%
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Transposición de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
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La economía mundial está adquiriendo rápidamente carácter digital y, como consecuencia de ello, han surgido nuevas maneras de hacer negocios. Los modelos de negocio digitales se basan en gran medida en la capacidad para llevar a cabo actividades a distancia, incluso transfronterizas, con escasa o nula presencia física, en la importancia de los activos intangibles, y en el valor de los datos y las contribuciones de los usuarios finales a la creación de valor. Sin embargo, las actuales normas fiscales internacionales se basan sobre todo en la presencia física y no fueron concebidas para hacer frente a modelos de negocio basados principalmente en activos intangibles, datos y conocimientos.
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83%
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Con el conjunto de medidas incluidas en la presente ley se trata de acompañar la transformación digital del sistema financiero enfocándola hacia dos objetivos principales. El primero es el de garantizar que las autoridades financieras dispongan de instrumentos adecuados para seguir cumpliendo óptimamente con sus funciones en el nuevo contexto digital. El segundo es el de facilitar el proceso innovador a fin de lograr un desarrollo más equitativo mediante el mejor acceso a la financiación de los distintos sectores productivos y la captación de talento en un entorno tecnológico internacional altamente competitivo.
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67%
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El coste financiero de la morosidad en nuestro país estaría por encima de los 850 millones de euros, entendido como el "coste de oportunidad" que entraña no poder hacer un uso alternativo de la liquidez objeto de impago. A esto habría que añadir los costes que el impago acarrea para las empresas y que, a diferencia del coste financiero anterior, no son costes de oportunidad sino pérdidas directas para el empresario.
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Morir constituye la última de las etapas de la biografía personal de cada ser humano, y así como es aceptado por todos que el ordenamiento jurídico debe procurar que todas las personas disfruten de una vida digna, también debe asegurar que todas tengan derecho a una muerte digna.
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Durante décadas, y hasta etapas muy próximas, en España se ha producido, amparada en la impunidad, una de las mayores atrocidades que ha vivido nuestro país. Un número inmenso de niños fueron sustraídos en cárceles, clínicas y maternidades, y sus familias biológicas siguen sin saber su paradero a día de hoy. En su origen, la sustracción era abiertamente política, auspiciada por el régimen franquista y sus instituciones, siguiendo la ideología de pureza racial impuesta por el doctor Vallejo Nájera: los hijos de las presas políticas eran entregados a familias que cumplían los requisitos patrióticos indicados por las autoridades. Según el auto del Juzgado Central de Instrucción n.° 5 de la Audiencia Nacional de 18 de noviembre de 2008, fueron más de 30.000 niños los apartados de sus madres en esta etapa.
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El artículo 28.2 de la Constitución española reconoce a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus intereses. Este derecho se encuentra reconocido bajo la rúbrica "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas", lo que le atribuye un carácter y una protección especial y, por lo tanto, no se trata solo, frente a anteriores normas prohibitivas, de un marco de libertad de huelga, saliendo, además, al paso de posibles prohibiciones, que solo podrían ser llevadas a cabo en otro orden jurídico-constitucional. Así, el derecho fundamental de huelga significa el levantamiento de las específicas prohibiciones, pero significa también que, en un sistema de reconocimiento del derecho de huelga, el Estado debe permanecer neutral y dejar las consecuencias del fenómeno a la aplicación de las reglas del ordenamiento jurídico sobre infracciones contractuales en general y sobre la infracción del contrato de trabajo en particular.
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En España todavía, a día de hoy, se sigue practicando la denominada "esterilización forzosa o no consentida" a personas con discapacidad o incapacitadas judicialmente. Así lo permite nuestro Código Penal en su artículo 156.
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Para evitar el uso partidista de los órganos de gobierno de las Universidades, poniéndose al servicio de los intereses particulares de algunos, es necesario que en la norma básica que rige la enseñanza universitaria se afirme de forma enfática que en su actividad se debe respetar el principio de neutralidad, así como los principios constitucionales que rigen nuestro ordenamiento jurídico.
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El artículo 58.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que "Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes previstos en este Título". Como consecuencia del referido artículo, la creación de un Ministerio, con independencia de su Presupuesto o de las Unidades Administrativas que tenga a su disposición, ha de implicar también obligatoriamente la creación de una Subsecretaría y una Secretaría General Técnica. Esta disposición impide la asunción por parte de esos órganos de servicios comunes agrupados de dos o más Ministerios, circunstancia que puede resultar aconsejable en determinadas situaciones.
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La ausencia de un criterio normativo que regule y facilite la coordinación y el funcionamiento de este servicio público en todo el territorio estatal afecta, de hecho, a la propia operatividad del servicio en muchos lugares de nuestra geografía, habiendo provincias en las que existen hasta cinco servicios de bomberos diferentes, con distintos uniformes, categorías de mando, distintivos, horarios, equipamientos, formación, procedimientos de actuación y dimensionamientos de plantillas tan dispares, que a la hora de actuar en intervenciones conjuntas la eficacia del servicio se resiente de manera objetiva. Lo que se puede traducir en una disminución de la calidad del servicio prestado al ciudadano.
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Los profesionales de la Justicia, incluidos abogados y procuradores, siguen encontrando numerosas barreras que dificultan el ejercicio de su derecho a la conciliación de su vida familiar y profesional. Unas barreras, por otra parte, que también afectan a las personas litigantes en lo que respecta a su interacción con el desarrollo del proceso judicial del que son parte.
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El presente real decreto-ley incorpora un conjunto sistemático de medidas concretas y con efectos tangibles, que reduzcan los factores perjudiciales y garanticen el nivel de vida, destinadas a mejorar la posición negociadora, la equidad de las relaciones y el justo reparto de los costes generales del sector primario.
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Las víctimas del terrorismo son una referencia ética y moral para nuestro país y, como tal, son los poderes públicos quienes tienen la obligación de proteger su memoria y dignidad, profundizar en la mejora de sus derechos, y combatir ética y socialmente el fenómeno terrorista en todas sus vertientes. La memoria de las víctimas del terrorismo debe ser garantizada tanto por la sociedad española como por sus instituciones representativas y los poderes públicos, para así no olvidar a quienes perdieron la vida, fueron heridos o vieron arrebatada su libertad de una u otra forma, como consecuencia de la barbarie terrorista.
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A pesar de este avance, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en su disposición adicional vigesimoprimera, niega a los miembros de los órganos colegiados del Gobierno de la Nación, los órganos colegiados de gobierno de las Comunidades Autónomas y los órganos colegiados de gobierno de las Entidades Locales la posibilidad de participar y votar telemáticamente.
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La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local fue aprobada en abril de 1985, hace exactamente 34 años con el objetivo, recogido en el Preámbulo de la ley, de adaptar la Administración Local a la nueva realidad democrática de nuestro país. Esta Ley constituyó un paso más en la definición de los diferentes niveles de la administración española y estableció el marco legal de funcionamiento de las entidades locales conjugando la autonomía de las mismas con su inserción dentro de nuestro Estado de Derecho, de acuerdo con los principios recogidos en nuestra Carta Magna que había sido aprobada siete años antes.
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Para garantizar los principios de igualdad y equidad en la protección de la salud, es necesario que se elimine el 30 por ciento del copago farmacéutico, que soportan en la actualidad el colectivo de pensionistas y sus beneficiarios encuadrados en MUFACE y ISFAS y se equipare al 10 por ciento en el que se encuadran los asegurados como pensionistas de la Seguridad Social, para conseguir la efectiva equiparación con el copago de personas que reúnen la condición de asegurado pensionista de la Seguridad Social.
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Con los objetivos de seguir protegiendo y dando soporte al tejido productivo y social, de minimizar el impacto y de facilitar que la actividad económica se recupere en cuanto empiece a remitir esta situación de emergencia de salud pública, se presenta un nuevo paquete de medidas que refuerza, complementa y amplía las anteriormente adoptadas, conformando un paquete económico y social completo para dar respuesta a todos los ciudadanos.
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El presente real decreto-ley regula un permiso retribuido recuperable para personal laboral por cuenta ajena, de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 de marzo y 9 de abril (ambos incluidos), para todo el personal laboral por cuenta ajena que preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las actividades no esenciales calificadas como tal el anexo.
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Durante la vigencia del estado de alarma acordado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus posibles prórrogas, se entenderán como servicios esenciales para la consecución de los fines descritos en el mismo, cualquiera que sea la titularidad, pública o privada o el régimen de gestión, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, que determine el Ministerio de Sanidad, así como los centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, en los términos especificados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
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El presente real decreto-ley tiene por objeto favorecer la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario mediante el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, de carácter social y laboral, necesarias para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria, durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siendo de aplicación temporal hasta el 30 de junio de 2020.
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Con la presente Ley, se aseguraría que los sujetos que tengan acceso a la información clasificada, ya sean miembros del Gobierno o no, cumplen con los requisitos objetivos y subjetivos pertinentes, de acuerdo con las normas dictadas por la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada.
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Las mujeres víctimas de violencia de género son un colectivo especialmente vulnerable en situaciones de aislamiento domiciliario, por verse forzadas a convivir con su agresor, lo que las sitúa en una situación de mayor riesgo, como se ha venido demostrando con motivo de situaciones parcialmente análogas, como los periodos vacacionales sin situación de permanencia en domicilios, periodos en los que se disparan los casos de violencia de género y de violencia doméstica.
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La Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, establece la obligación de comunicación de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva.
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Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional provocada por el COVID-19 el pasado 11 de marzo, la rápida propagación, tanto a nivel nacional como internacional, ha motivado la necesidad de reaccionar de forma rápida y de adoptar medidas urgentes y contundentes con el objetivo de amortiguar el impacto de esta crisis sin precedentes.
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Entre los sectores económicos especialmente afectados por la crisis y sus consecuencias se encuentra el de la cultura. El conjunto de los espacios culturales y escénicos se ha visto absolutamente paralizado, lo que ha abocado a sus profesionales a una drástica pérdida de ingresos y a una situación crítica, dada su fragilidad estructural. Para hacer frente a esa situación, es imprescindible implementar nuevas medidas que complementen y adapten las ya existentes con carácter general, acomodándolas a las singularidades del sector.
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El primer objetivo de cualquier política en materia de residuos debe ser reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y el medio ambiente. Asimismo y en consonancia con los principios que rigen la economía circular, dicha política debe tener también por objeto hacer un uso eficiente de los recursos, con una apuesta estratégica decidida del conjunto de las administraciones públicas, así como la implicación y compromiso del conjunto de los agentes económicos y sociales.
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La evolución de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 ha precipitado la adopción de un conjunto de medidas de todo orden, y entre ellas, con especial calado e intensidad, medidas de carácter laboral.
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El presente real decreto-ley tiene por objeto la creación y regulación del ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
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Esta Ley tiene por objeto la regulación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las reducciones de las emisiones de estos gases de una forma eficaz en relación con los costes y de manera económicamente eficiente.
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La situación epidemiológica que ha generado una crisis sanitaria como consecuencia del COVID-19 en España ha obligado a adoptar medidas de salud pública que han alterado la normalidad en el desarrollo de las relaciones sociales, económicas y productivas. Por ese motivo, se han ido aprobando una serie de medidas para paliar sus efectos, que ahora se vienen a completar por medio de este real decreto-ley en los ámbitos agrario, científico, económico, laboral y de la Seguridad Social y tributario.
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El presente real decreto-ley tiene por objeto la creación y regulación del ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
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El actual procedimiento y la distribución de funciones entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las Universidades en relación a la elaboración y ejecución de la prueba de EvAU ha tenido como consecuencia diferencias significativas en el resultado del alumnado entre comunidades que, además, no parece ser coherente con los resultados de los estudiantes a lo largo de su vida académica, ni en las evaluaciones continuas ni en pruebas externas estandarizadas realizadas por diferentes organismos.
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La ley propuesta persigue conjugar la protección de la salud de los ciudadanos con mayores garantías judiciales y mayor amparo de sus derechos constitucionales, además de poner a disposición de las administraciones públicas instrumentos ágiles y eficaces para la contención de pandemias y emergencias sanitarias de distinta índole.
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La reforma laboral, que prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos, no pareció suficiente y por ello se reforzó, con ataques directos, todas las medidas que exterioricen el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la ley de seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno.
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A menudo las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en actividades de interés general cubren parcelas de nuestro estado del bienestar que las administraciones públicas no alcanzan a cubrir o que solo pueden llegar a cubrir a costes muy superiores. Por ello, urge complementar el insuficiente gasto público destinado a estas actividades con el incentivo fiscal al mecenazgo hacia estas actividades.
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El presente real decreto-ley tiene por objeto establecer las disposiciones generales precisas para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos, en especial los provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación, aprobado por el Consejo Europeo del pasado 21 de julio de 2020 con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, recuperar y reparar los daños de la crisis ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2, y promover un proceso de transformación estructural mediante el impulso de la inversión pública y privada y el apoyo al tejido productivo, la aceleración de la doble transición ecológica y digital, y el refuerzo y aumento de la resiliencia y de la cohesión económica, social y territorial en el marco del mercado único europeo.
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El artículo 14 de la Constitución de 1978 proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación, citando como motivos especialmente rechazables el nacimiento, la raza, el sexo, la religión u opinión, y prohibiendo la discriminación por cualquier otra circunstancia personal o social.
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En las elecciones a Diputados, Senadores, miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, miembros de las Asambleas de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y Diputados al Parlamento Europeo, cuando en este último caso se opte por la elección en España, las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral remitirán de oficio a la dirección de la inscripción de cada persona de nacionalidad española inscrita en el censo de los electores residentes- ausentes que viven en el extranjero la siguiente documentación: a) El sobre de votación o, en su caso, los sobres de votación para cada proceso convocado, b) dos certificados idénticos de estar inscrito en el censo de electores residentes ausentes que viven en el extranjero, salvo en el caso de elecciones concurrentes con escrutinio en juntas electorales distintas, que se enviarán tres, c) el sobre o los sobres en los que debe figurar la dirección de la Junta Electoral competente y otro sobre con la dirección de la Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de la Misión Diplomática en la que esté inscrito y d) una hoja informativa sobre cómo ejercer el derecho de voto.
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El objeto principal de esta Ley es derogar y modificar aquellos artículos del Código Penal que chocan frontalmente con la libertad de expresión o que tienen un difícil encaje en un sistema democrático.
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La actual regulación de los bienes del Código Civil dota a los animales del estatuto jurídico de cosas, en concreto con la condición de bienes muebles. Resulta paradójico que el Código Penal ya distinguiera en 2003 entre los daños a los animales domésticos y a las cosas, reforma sobre la que se profundizó en 2015, mientras que el Código Civil sigue sin reconocer que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad.
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La presente reforma pretende poner fin a esta laguna normativa en el ámbito parlamentario. Es evidente que una parte notable de la labor de influencia de estos grupos de interés, y de sus representantes, tiene lugar en el seno de las Cortes Generales. La incorporación de un nuevo Título XIV al Reglamento del Congreso bajo la rúbrica de 'De los Grupos de Interés', pretende aportar mayor claridad y orden a la labor de los representantes de estos a través de la imposición de una serie de obligaciones que serán de aplicación a su interacción con los miembros y empleados públicos del Congreso de los Diputados.
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Desde 2013, más de 300 menores han quedado huérfanos como consecuencia de crímenes de violencia de género. Solo en 2020, la cifra fue de 26. A buen seguro, estas cifras aumentarían si incluyesen las huérfanas y huérfanos mayores de edad, de los que, a día de hoy, no existen estadísticas oficiales.
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Se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico F.C.P.J. (FNSSE), sin personalidad jurídica, cuya finalidad será financiar las políticas de fomento de las energías renovables, la cogeneración y la valorización residuos en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria y nacional en el ámbito integrado de energía y clima.
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